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TEMAS DE LA SEMANA

‘Trapitos’ en la mira de la Legislatura

Los hay amables y también intimidatorios. Qué hacer con esta actividad ya instalada.

Por Karin Miller
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Para muchos de los que circulan en auto por la Ciudad, los cuidacoches ya se han vuelto parte del escenario urbano. Se trata de una actividad que se realiza desde hace décadas, y la mayoría de los porteños se acostumbró a pagar unos pesos cuando alguien pre­gunta “¿le cuido el coche?”. Pero en los últimos años el modo en el que se realiza la actividad cambió. En muchos casos, a la frase an­tes mencionada se le agrega otra: “Son 20 pesos”. Mientras que hace un tiempo era el dueño del auto el que decidía qué cantidad de dinero darle al cuidador, volun­tariamente, hoy en muchas zonas de Buenos Aires se establecen tari­fas, que van desde los 5 pesos has­ta los 50 y 60. Los conductores te­men que sus autos sean rayados y dañados en caso de no aceptar el mondo fijado, por lo que pagan a pesar de no estar de acuerdo.

Los cuidacoches, en el lengua­je de la calle nombrados “trapitos”, se encuentran especialmente en las zonas gastronómicas, en las calles cercanas a los estadios de fútbol, a los grandes recitales, hospitales, bares, boliches y lugares de esparci­miento. Los barrios de Palermo, San Telmo, Recoleta, Las Cañitas y Bel­grano son algunos de los que más actividad concentran. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que en la Ciudad los “trapitos” son al­rededor de dos mil.

El actual Código Contraven­cional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 79 que “Quien exige re­tribución por el estacionamien­to o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización le­gal es sancionado/a con uno (1) a dos (2) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pe­sos. Cuando exista previa organi­zación, la sanción se eleva al do­ble para el organizador”.

Sin embargo, son pocos los ciudadanos que conocen las dis­posiciones legales en relación a este tema. Además, uno de los problemas que se plantea es que no es fácil probar que el cuidaco­ches exigió el dinero, condición necesaria para que exista la falta. A esto se debe que el 90% de las denuncias sean archivadas por fal­ta de pruebas.

En la Ciudad existen varias or­ganizaciones que denuncian el crecimiento de esa actividad. De­fendamos Buenos Aires y Maldi­tos Parquímetros son dos de ellas, y quienes presentaron un proyec­to que busca endurecer el artícu­lo 79 del Código Contravencional para que se sancione la actividad con la pena única de 30 días de prisión en la cárcel contravencional de la Ciudad. Exigen también que el cuidacoches denunciado o to­mado in fraganti sea detenido en el acto por las fuerzas de seguri­dad y conducido a la dependencia policial más cercana para quedar a disposición del fiscal interviniente. Javier Miglino, titular de Defenda­mos Buenos Aires, afirma que “la mafia de los trapitos comete va­rios delitos penales al exigir dinero en la vía pública por estacionar co­ches; entre ellos la coacción, la ex­torsión y las amenazas” y explica que “los vecinos nos preguntamos qué clase de compromiso espurio hay entre la mafia de los trapitos y los gobiernos de Mauricio Macri y de Daniel Scioli para no enfrentar y poner fin en forma definitiva y ter­minante a estas mafias”.

Uno de los lugares en donde Defendamos Buenos Aires denun­cia la presencia de la “mafia de los trapitos” es en las calles que rodean el estadio de River las noches de re­citales. Allí, la actividad está orga­nizada y las tarifas ascienden has­ta 50 pesos. Miglino denunció que el día del recital de Coldplay -el 26 de febrero pasado- a pesar de un operativo conjunto de la Policía Me­tropolitana, la Federal y la Guardia Urbana, no se pudo evitar que mu­chos “trapitos” cobraran ese mon­to. El titular de la agrupación afirmó que los cuidacoches “dan la vuelta en la esquina, esperan que se vayan los patrulleros y vuelven a la carga”. Desde el PRO, el diputado Martín Borrelli propone prohibir la activi­dad de los cuidacoches.

Fundamenta la modificación argumentando que bajo el ampa­ro de la norma actual se han ge­nerado manejos extorsivos que no tienen castigo, a pesar de que sostiene que la intención de la misma no era ésa sino “brindar al­gún tipo de amparo sociolaboral a las personas que empujadas por la crisis de 2001-02, se volcaron a las calles a realizar actividades informales (changas), como fue el caso de los cartoneros o de los cuidacoches”. Si bien Borrelli acla­ra que el Estado continuará te­niendo facultad para otorgar per­misos, en el proyecto no se prevé cuál será la solución que se dará a todas aquellas personas que todavía hoy realizan la actividad debido a la ausencia de alterna­tivas ni plantea formalizar el tra­bajo de las mismas. Por otra parte, la actividad de los “trapitos” dista de ser ideal. A los problemas que trae todo trabajo en negro, como la falta de jubilación y obra social, se suma la enorme inestabilidad y los riesgos de la calle. Hay cuida-coches organizados que exigen di­nero a cambio del cuidado de los autos y amenazan a los automovi­listas, y hay quienes únicamente pi­den una contribución del vecino. La actividad es para ellos una posibili­dad de ingreso ante la falta de em­pleo formal. La denominada “mafia de los trapitos” no incluye a todos los que se dedican a vigilar los ve­hículos por lo que, si bien es nece­sario evitar los manejos extorsivos de quienes no aceptan la negativa de los automovilistas a pagar una tarifa fija, es importante discutir si es justo que aquellos trapitos que ganan su dinero a partir de contri­buciones voluntarias también sean castigados.

El posible endurecimiento de esta ley -junto a la regulación de la venta ambulante y a la incorpo­ración de las figuras de “merodeo y acecho” que impulsa el bloque PRO- plantea además la pregunta de la aplicación, ya que le otorga a la policía porteña un mayor control sobre el espacio público.

 

Fuente Redacción Z
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