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Télam: la Justicia ordenó suspender todos los despidos

Un fiscal ordenó que sean restituidos a sus puestos de trabajo todos los despedidos. A la vez, la comisión gremial denunció a los directores Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena y Pablo Ciarliero por desmantelar la agencia pública de noticias.

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El fiscal Gabriel De Vedia dictaminó hoy que todos los trabajadores despedidos vuelvan a sus puestos de trabajo, en un primer revés judicial para el Gobierno en medio del conflicto.

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal hizo un lugar a la acción de amparo presentada por una asociación civil en contra de los 354 empleados que fueron despedidos sin causa por orden de Hernán Lombardi, responsable del sistema federal de medios públicos.

El planteo de amparo en contra de los despidos lo presentó la Mesa Nacional por la Igualdad en la Justicia del Trabajo. De Vedia consideró que bajo el objeto y fin de esta asociación se encuentra la promoción y defensa de los derechos de todas las personas, incluye a los derechos de los trabajadores, más aún para este caso en que arguye la Asociación que los despidos se dieron en un marco arbitrario y discriminatorio.

Los despedidos de Télam, un 40 por ciento de la planta, fueron sin motivos fundados, más allá que desde el Gobierno se indicó que los despedidos eran militantes del kirchnerismo que habían ingresado en la planta en los últimos años del gobierno anterior.

Sin embargo, esto fue desmentido por los propios despedidos ya que muchos de ellos tienen una antigüedad de 20 o 25 años, lo que excede largamente los años del gobierno anterior.

Además, los trabajadores argumentaron que las convicciones políticas no pueden ser causal de despedido, si se cumplen las tareas con profesionalismo y diligencia.

El fiscal sostuvo en el dictamen que el relato de los hechos se alinean a los postulados de la ley 23.592 que protege contra actos discriminatorios, pues al darse los despidos sin motivación alguna, sin sumario previo, se cumple con el presupuesto de esta medida cautelar.

De Vedia sostuvo que el despido perjudica al trabajador, en cuanto al carácter alimentario de la prestación salarial, al correr de los días a la pérdida de cobertura de obra social no sólo del empleado sino también al grupo familiar, a la falta de aportes a la seguridad social.

Es por eso que expresa que “las medidas cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo al órgano judicial para cumplir eficazmente su obra y para hacer eficaces las sentencias de los jueces”.

Denuncian al directorio en el fuero penal

El directorio de Télam S.E – Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena y Pablo Ciarliero- fue denunciado este martes en la justicia federal por delitos que prevén penas de hasta dos años de prisión. La querella fue presentada por la Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires(Sipreba) y en el contexto de un “feroz programa de desmantelamiento y cierre de numerosas dependencias de la agencia pública de noticias y publicidad”.

Pousá, Carpena y Ciarliero fueron denunciados por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”, bajo las figuras de los arts. 248 y 249 del Código Penal, por “dictar órdenes y resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales” en medio del conflicto laboral por 357 despidos en la agencia pública decididos “por razones ideológicas”, según confesaron públicamente los propios funcionarios.

Uno de los puntos señalados en la denuncia es el correo electrónico emitido el viernes pasado por el que el Directorio le comunica, a los trabajadores de la agencia que no tienen la obligación de asistir al establecimiento de la empresa, ni a cumplir con su jornada laboral, horario. “Curiosa práctica para una patronal que, más allá de su sentido evidente de ensayar un torpe intento por desmovilizar a los trabajadores, constituye un acto ilegal y violatorio del propio Estatuto Social de Télam”, establece la Comisión Gremial Interna, en un comunicado que emitió tras la presentación de la denuncia.

La querella, además, denunció como otros actos reprochados por el Código Penal a la propia conducta de los funcionarios, que llevan quince días sin presentarse en las sedes de Télam S.E, y el estado de abandono al que dejaron el patrimonio de los archivos periodísticos y fotográficos de la agencia (este último solamente tiene 12 millones de unidades), que quedaron en estado de riesgo al ser despedidos casi la totalidad de los trabajadores que se ocupaban de su preservación. “Un acto brutal destinado a arrasar con la memoria histórica”, indicaron los trabajadores.

El artículo 248 del Código Penal, bajo los que fueron denunciados Pousá, Carpena y Ciarliero dispone que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

“Los trabajadores de Télam S.E se encuentran de paro desde el 26 de junio por el anuncio –a través de un post de facebook- del ministro Hernán Lombardi de 357 despidos en la agencia. Permanecen en forma pacífica en el establecimiento de la empresa, al que asisten cotidianamente en sus horarios regulares de trabajo- y se encuentran defendiendo el patrimonio público abandonado por los funcionarios”, continúa el comunicado.

“Desde la CGI de Télam le exigimos al gobierno nacional la reincorporación de los 357 despedidos de la agencia y la apertura de una mesa de diálogo para discutir el rol y el valor social de los medios públicos”, concluye en texto.

 

 

Fuente Diario Z
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