Si no fuera por el hecho de que el conflicto gremial planteado por los metrodelegados contra Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires perjudicó, cada uno de los diez días de paro, a casi un millón de usuarios, el gobierno nacional ya hubiera archivado el asunto “traspaso”. Eso mismo, casi con las mismas palabras, le dijo el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, a Aldo Benito Roggio (propietario de la concesión al grupo de empresas que explota el negocio desde 1994) hace casi veinte días, cuando el empresario apeló a él en busca de una solución que permitiera, al menos, destrabar los fondos que en concepto de subsidios deposita el gobierno nacional en un fideicomiso del Banco Nación. “¡Es un asunto archivado, ni me hables del subte!”, respondió.

Pero el gobierno nacional sabe, aunque no lo haga público, que el acuerdo alcanzado para levantar la medida de fuerza (la más larga en la historia de los subtes) es apenas una tregua más que precaria. Y que en el horizonte cercano ya se puede otear un nuevo conflicto.

El acuerdo, que firmaron UTA, metrodelegados y Metrovías, contempla algunas mejoras en las condiciones de trabajo, modificaciones al régimen de licencias y recategorización de algunos sueldos (de hecho, fue la excusa para levantar la medida), pero no resuelve el centro de la cuestión, que es salarial, pendiente aún de un acuerdo paritario. Los metrodelegados piden el 28 por ciento de aumento, pero Metrovías se niega con el argumento de que no sabe si tendrá recursos para enfrentar y sostener esa demanda, dada la inestable situación política generada entre Ciudad y Nación. “Sin subsidios, no hay recursos”, se defienden desde la concesionaria.

Plata hay

Para los metrodelegados ésta es la piedra angular del asunto. Tanto Segovia, como Pianelli y Della Carbonara, los tres delegados de mayor exposición y visibilidad, sostienen que plata no falta. Y argumentan: 

Tras firmar el convenio de traspaso el 3 de enero pasado, el Gobierno de la Ciudad elevó el precio del “cospel” un 127 por ciento como forma de sostener el financiamiento. El pasaje pasó de costar 1,10 a 2,50 pesos. 

A pesar de aquella firma, sesenta días después, Mauricio Macri denunció que no eran serias las negociaciones con la Nación y rechazó el traspaso, mientras los 210 millones en subsidios del Estado se acumulaban en cuentas del Banco Nación. Estos subsidios son parte del acuerdo firmado el 3 de enero, por el cual la Nación se comprometía a transferir a la Ciudad 360 millones de pesos durante 2012. Esos recursos no se ejecutan desde la Ciudad sólo para no convalidar con ese acto el traspaso del servicio. Ahora bien, el valor del pasaje no se retrotrajo a 1,10.

La empresa Metrovías retiró ya 25 formaciones de trenes argumentando el estado calamitoso de ellas y los riesgos que su circulación conlleva para la seguridad, pero se hizo cargo, por ejemplo, del ferrocarril Mitre -antes concesionado a TBA, del grupo Cirigliano- y en apenas 36 horas debió remontar los efectos de tres descarrilamientos la semana pasada. Es decir, aquí asumió el negocio como parte de una Ugofe, pero sin chistar por cuestiones de seguridad ni retirar formaciones.

Cuesta creer que del presupuesto de la Ciudad -el mayor del país si se mide per cápita- no se pueda extraer los recursos necesarios para financiar la puesta al día de las obras del subterráneo. El ministro Florencio Randazzo se encargó, además, de explicar que en el ABL y en las patentes (impuestos que crecieron geométricamente este año), que los vecinos pagan, hay allí una parte proporcional destinada al mejoramiento y extensión de la red subterránea que, al año, reportarían unos 2.700 millones de pesos.

Por otra parte, los metrodelegados se hacen eco del detallado informe del diputado Rafael Gentili sobre el desvío de ganancias, a partir de negocios extra, que Metrovías explota por simple hecho de ser la concesionaria. Por ejemplo, el “canon por asesoramiento” que la empresa Benito Roggio Transportes cobra a Metrovías, que representa el 2,6 por ciento de los facturado en las boleterías. O lo que cobra Metrotel, emprendimiento que explota el transporte de fibra óptica por los túneles (soterramiento natural) para proveer a compañías varias. En fin, las empresas son más, y ya fueron citadas por Diario Z en estas páginas. Lo cierto es que todas estas empresas pertenecen al mismo grupo, los Roggio, y arrojan ganancias anuales por 100 millones de pesos.

Sólo víctimas del otro lado del río

Como se sabe, Mauricio Macri, a esta altura, admite que fue un error de su parte aceptar el traspaso del subterráneo a su órbita natural sin garantizar que, con el servicio, el Estado nacional entregara los “recursos necesarios”. Está arrepentido aun cuando hizo campaña proselitista reclamando el traspaso.

Macri sostiene que hay un plan estratégico del gobierno nacional para aplastar a los porteños que lo votaron y para sostener un megaproyecto hegemónico y de pensamiento único que, claro, busca restarle chances en su pelea por la presidencia de 2015. Así nace el recurso de la victimización. “Primero me sacaron a la Policía Federal de los subterráneos, ahora atacan al Banco Ciudad para desfinanciar a los porteños, me aprietan con la basura en el conurbano”, se queja el jefe porteño. Y dice más: “Me senté a una mesa a tratar de negociar algo razonable y me encontré enfrente a alguien totalmente irracional que me decía: `tomalo quebrado y se acabó’; no hay capacidad de financiar el desfalco que se hizo. ¿De dónde sacamos 14 mil millones de pesos para bancar la fiesta que se ha hecho estos años? La Ciudad no está en condiciones de hacerse cargo”.

Pero Macri y su gobierno saben que la verdad está en otro lado. ¿Cómo se explica, si no, la propuesta que le hicieron llegar casi al final del conflicto gremial al ministro Randazzo?
En ese “paper”, palabra más, palabra menos, la Ciudad proponía hacerse cargo del servicio sólo por un diez por ciento de los recursos que venían reclamando más la autorización de Nación -avales- para endeudarse en el exterior. De aceptarse estas condiciones, el Gobierno de la Ciudad podría (así, en potencial) comenzar a usar (derivar) los 210 millones depositados en un fideicomiso por la Nación para emparchar el “rojo” de Metrovías.

Todo parece indicar, así las cosas, que terminará siendo la Justicia quien dirima el asunto de fondo (el traspaso). Como se dijo, para el gobierno nacional éste ya es un asunto archivado, con una ley nacional -además- que urge y consagra el traspaso a la Ciudad.

DZ/km

Fuente: Redacción Z