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Naddeo: “Los Equipos de Orientación Escolar están desmantelados”

Para la directora del Centro de Atención de Niños, Niñas, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo la medida contra las docentes es una forma de violencia institucional. Denuncia que no hay políticas reales de protección.

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Por María Elena Naddeo*

La decisión del Gobierno de la Ciudad de separar de sus cargos a las docentes del Jardín 2, del Distrito Escolar 12, muestra un grado arbitrario de rigidez en la aplicación de las normas existentes en la ciudad.

Sin duda, se trata de un hecho gravísimo la muerte de un niño de 5 años en el contexto de violencia intrafamiliar. La investigación hacia el interior del establecimiento educativo resulta necesaria por las pruebas que puedan ocasionarse para esclarecer el delito, pero se trata de un hecho externo al ámbito escolar.

¿Pudieron las maestras haberlo detectado a tiempo? En general las escuelas constituyen uno de los ámbitos principales de detección y derivación de situaciones de violencias. Mucho se avanzó en la Ciudad desde la sanción y puesta en marcha de la ley 114 en el año 2000. Pero también es cierto que en este caso en particular, Agustin estuvo muy poco tiempo en la escuela y las docentes confiaron en los certificados médicos pediátricos aportados por su mamá.

Personal especializado en la temática de violencia podría haber advertido un eventual encubrimiento materno. No lo podemos afirmar. Hoy los equipos de orientación escolar de los distritos educativos -los EOE– están desmantelados, no se han repuesto cientos de cargos vacantes por jubilaciones y renuncias. Y los proyectos de inclusión de gabinetes interdisciplinarios en las escuelas de nivel inicial y primarias que presentamos años atrás en la Legislatura porteña fueron rechazados y archivados.

El Ministerio de Educación descarga sobre las docentes del jardín una nueva forma de violencia institucional. En vez de plantear el debate profundo de la cuestión y concentrarse en aportar soluciones, aplica de manera autoritaria la separación de las docentes de la escuela haciendo la peor interpretación de las normas disciplinarias. Éstas –incluso podemos decir que un tanto anacrónicas- establecen la conveniencia de separación del cargo cuando el docente se encuentre involucrado en el incidente de violencia o cuando existiera sospecha de dolo o corrupción, ambas circunstancias están bien lejos de corresponder en este caso en cuestión.

Se trata de un prejuzgamiento y de una profunda subestimación del personal docente del nivel inicial. Una separación del cargo aún siendo preventiva, constituye un daño moral y laboral enorme a quienes valoran sus carreras y el ejercicio de la profesión. Desde los gremios docentes, desde la comunidad educativa y especialistas en estos temas, reclamamos la revisión de esta medida de manera urgente.

En vez de acciones persecutorias, es preciso que el Gobierno de la Ciudad, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes implemente una amplia revisión y difusión en escuelas y centros de salud sobre los procedimientos para la detección y la denuncia de situaciones de malos tratos y abusos contra niños, niñas y adolescentes. Es imperioso fortalecer el rol de las defensorías zonales, hoy colapsadas, y reorganizar el sistema de protección integral de derechos de los niños a partir de una comunicación fluida entre los efectores y el organismo de protección de los derechos de la infancia de la Ciudad.

Nada se resuelve castigando o sancionando a las maestras, se resuelve fortaleciendo los circuitos de protección de derechos de los chicos y desarrollando mejores niveles de capacitación para la detección de todas las fornas de violencias que sufren niños, niñas y adolescentes.

*Es Directora General del Centro de Atención de Niños, Niñas, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

DZ/ah

Fuente Especial para Diario Z
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