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TEMAS DE LA SEMANA

Manejos y desmanejos del consumo de agua

La falta de agua segura causa la muerte de doce millones de perso­nas por día, en su mayoría pertenecientes a los países en desarrollo.

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El acceso directo a fuentes de agua potable es un derecho fundamen­tal, pero también un privilegio que una de cada cuatro personas en el mun­do no tiene. En este contexto hay un dato aún más alarmante: la falta de agua segura causa la muerte de doce millones de perso­nas por día, en su mayoría pertenecientes a los países en desarrollo. En la ciudad de Buenos Aires, en cambio, acceder a este recurso resulta tan sencillo como abrir el grifo, un gesto que el porteño promedio realiza sin mayores consideraciones, con­virtiéndose en gestor de una verdadera cul­tura del derroche.

Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad adecuada de agua para consumo humano —que incluye beber, co­cinar, higiene personal y limpieza del ho­gar— es de 50 litros diarios por habitante. Si se quiere una cifra ideal, a esta cantidad debe sumarse el aporte necesario para la agricultura, la industria y la conservación de los ecosistemas, lo que se traduce en una cantidad mínima de 100 litros diarios por habitante. Sin embargo, cada porteño gasta en promedio 600 litros por día, es decir seis veces más de lo recomenda­do. Y hay todavía una comparación tan odiosa como necesaria: cada porteño consume el doble de agua que un estadounidense y el triple que un europeo o brasileño.

En todo el territorio nacional y según datos del Gobierno de la Ciudad, el consumo medio es del orden de los 180 litros dia­rios por habitante. Ello lleva a una primera conclusión inevitable, y es que existen en el país grandes diferencias respecto del ac­ceso a agua potable. Tal es así que muchas provincias sufren la escasez de agua, un problema que a la vez repercute en la sa­lud de las personas, además del deterioro y destrucción de los ecosistemas. Por el con­trario, el 99% de la población de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con el servicio de abastecimiento de agua potable, que en su mayoría proviene del Río de la Plata. De allí la empresa AySA se encarga de tomar­la y potabilizarla para luego ser distribuida por la red de cañerías de la Ciudad. Cabe entonces un interrogante: ¿Será la ilusión de inagotabilidad una de las causales que motivan el despilfarro? Probablemente.

Si bien la ley 3295 —que regula la gestión ambiental del agua de dominio público de la Ciudad Autónoma de Bue­nos Aires— reconoce entre sus objetivos la gestión ambiental integrada del agua y la promoción de su uso “racional, eficiente, equitativo y sostenible”, lo cierto es que no precisa los medios prácticos para que tales fines se concreten. Por el contrario, esta ley difiere la cuestión a una reglamentación que a la fecha no ha sido dictada o cuyo cumplimiento no se controla.

En este marco, en julio de 2012, otra ley modificó el Código de la Edificación e incorporó el “Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia – Aguas Recuperadas”, obligatorio en casi todos los edificios de la Ciudad con más de cuatro plantas. Propo­ne instalar tanques de reserva exclusivos, con filtros y conductos especiales para re­colectar el agua de lluvia. Pero, de igual forma que la ley referida, esta ley se ha quedado en las buenas intenciones y ni si­quiera ha sido reglamentada. Por su parte y a nivel nacional, la Constitución obliga a las autoridades a adoptar medidas para “la utilización racional de los recursos naturales”.

En definitiva, no se trata solo de leyes, sino de prácticas concretas y creatividad para cumplir con los objetivos de superar esta actitud de los porteños y así evitar el despilfarro de agua.

Buscando soluciones

Mientras el marco legal existente aguarda su reglamentación y aplicación efectiva, se encuentran en marcha diver­sas campañas que persiguen el ahorro de agua. Buen ejemplo de ello es la iniciada por el SUTERH, que repartió pistolas de corte automático de agua para el cuidado por parte de los encargados.

La opción de no penalizar el derroche, lejos de ser una política benévola, perjudica directamente a quienes menos acceso tienen a este recurso. Y punto aparte merece el costo del servicio, ya que AySA tie­ne los costos más baratos entre las quince prestadoras de la región. Esta realidad no cola­bora en el desafío de limitar el consumo.

La instalación de medido­res —utilizados hoy de forma voluntaria por el 12% de los usuarios— sería otra opción, en miras a cobrar por la canti­dad consumida o bien a partir de cierto excedente.

Según Marisa Arienza, pre­sidenta de la organización Green Cross Ar­gentina, no hay demasiadas alternativas: el Estado debiera garantizar un buen servicio a precio razonable a todos los habitantes, pero tomando en cuenta un uso más con­servador, al nivel de los países europeos, y que se cobre de acuerdo a la cantidad de agua utilizada.

DZ/rg

Fuente Redacción Z
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