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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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TEMAS DE LA SEMANA

Las tarifas de luz y gas no condicen con la calidad del servicio

Desde la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) lanzaron el segundo informe del Observatorio de Tarifas focalizado en el estudio de las audiencias públicas sobre gas y electricidad que comenzaron el lunes 13 .

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El Ministerio de Energía no cumplió con lo estipulado en el fallo Cepis de la Corte Suprema de 2016 y no le comunicó a la población “toda la información, pública y confiable, necesaria para participar de la audiencia pública”, indica el informe del  Observatorio de Tarifas.

Sobre el servicio de energía eléctrica, el OTA afirma que los aumentos en las tarifas no se reflejan en la calidad de servicio prestado por las empresas Edenor y Edesur.

No se registran controles de la inversión por parte de las empresas ya que las empresas no presentaron el  programa de inversiones ni detalle de obras y plazos.

Por otra parte, las facturas no contienen debidamente diferenciados los conceptos centrales del servicio: qué se paga por generación, qué por transporte, y qué por distribución.

El documento analizó que los valores del costo de generación a nivel nacional que propone el Ministerio de Energía a través de la  Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) no tienen relación con costos medios de la región y tampoco de los Estados Unidos y países de Europa, y que su traslado a los usuarios no guarda la gradualidad y razonabilidad que predica la Corte en su fallo sobre las condiciones generales que deben observar en adelante todos los servicios públicos.

En cuanto al gas, el precio que pagan los usuarios no está vinculado con los costos reales del producto, derivado de asignarles a los usuarios el subsidio-estímulo que el Estado voluntariamente paga a las petroleras.

El usuario pagaba, antes de los aumentos de tarifa, el costo real del gas, prácticamente sin subsidios. El aumento propuesto al punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) o precio en boca de pozo para esta audiencia se sumará, sin motivo, al 500% promedio del ajuste inicial.

Las propuestas del gobierno no tienen en cuenta el carácter social y de servicio público que les asigna la Corte Suprema a ambos servicios con fundamento en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

El Estado se expone a que, si violan esos principios, los incrementos programados se conviertan en ilegítimos.

Marcos Rebasa, director del OTA, opina que “se usa el método de la audiencia pública como un mero paso protocolar, sin debate de lo que se diga en ella”.

El OTA es un organismo que cuenta con la participación de la Fundación Excelencia, el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, el Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y el Centro de Innovación de los Trabajadores.

Fuente Diario Z
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