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TEMAS DE LA SEMANA

La Legislatura votó la quita de impuestos a las empresas Aysa y Metrogas

Eximieron del pago de ingresos brutos a Aysa y Metrogas. El Bloque Peronista y el GEN habían propuesto eximir del 100% de ingresos brutos a los usuarios residenciales y a las pyme.

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La Legislatura aprobó ayer la ley que exime del pago del impuesto sobre los ingresos brutos (IIBB) a las empresas AYSA y Metrogas, hasta finalizar el ejercicio fiscal 2018, a fin de amortiguar el impacto de la suba de tarifas de esos servicios en las boletas de los usuarios.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo porteño, fue sancionada con 52 votos positivos de los bloques Vamos Juntos, Unidad Ciudadana, Suma+, Peronista, Socialista y Mejor Ciudad; tres en contra de la bancada Autoderminación y Libertad y el Partido Obrero, y dos abstenciones del Partido de los Trabajadores Socialistas.
El debate se extendió por más de dos horas en el recinto de sesiones, donde los diputados de la oposición coloraron en el frente de sus bancas unos carteles con la leyenda “No al FMI”.

En la comisión de Presupuesto, que preside Paula Villalba (VJ), primó el oficialismo y se aprobó un despacho de mayoría basado en el proyecto del Ejecutivo. Lo que se sometió a debate y votación, por lo tanto, fue la eximición de ingresos brutos para las empresas proveedoras y no para los usuarios o clientes de los servicios, en la suposición de que la merma de costos impactará en una reducción de las tarifas. Una observación del legislador Gabriel Solano (PO-FIT) requería el archivo del expediente.

Hubo varios proyectos, de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Gen y Frente de Izquierda, manifestando preocupación o rechazo a los incrementos del costo de los servicios públicos para los vecinos. El Bloque Peronista y el GEN propusieron eximir del 100% de ingresos brutos a los usuarios residenciales y a las pequeñas y medianas empresas en las facturas de gas natural y de energía eléctrica.
Igualmente, Sergio Abrevaya (GEN) y María Rosa Muiños (BP), insistieron con sus propuestas pretendiendo modificar el articulado del proyecto durante la votación en particular, pero no lograron los votos suficientes, por lo que la norma quedó sancionada tal como la redactó el Poder Ejecutivo.

Muiños, del Bloque Peronista, contrapuso “los aumentos más del 1.000 %, la inflación anual del 20% al 25% y paritarias del 15% al 17” para demostrar que la política tarifaria “impacta negativamente en la distribución del ingreso y en el crecimiento económico”. Reclamó explicaciones oficiales para saber “a qué corresponde” el 6% que pagan los usuarios sobre sus facturas de luz en concepto de “contribución municipal”, para “saber a quién estamos subvencionando”.
La ley votada establece que durante el 2018 no paguen ingresos brutos las empresas prestadoras de servicios públicos de agua y gas, medida que comenzará a regir una vez que sea promulgada por el Ejecutivo a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y aplicada por ambas empresas con el fin de que los porteños vean reflejada la quita en las facturas. El costo fiscal será de 1.500 millones anuales y el gobierno dijo que se compensará “con la postergación de alguna obra pública”.
La exención no alcanzará a las actividades financieras y los servicios de financiación, así como a otras actividades no relacionadas con la prestación de los servicios públicos” y “sólo será procedente si dicha liberalidad impacta directamente en las tarifas cobradas a los usuarios”.
La medida fue anunciada semanas atrás por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, juntamente con la distribución de unas 500.000 lámparas led, lo que demandará a la Ciudad un costo fiscal de 1.500 millones de pesos entre ambas acciones.
“Sin dejar de remarcar que la Ciudad es la jurisdicción del país que menos carga tributaria tiene en las boletas de servicios públicos y que nunca ha utilizado el mecanismo de adicionar a las facturas de los servicios públicos tributos en cabeza de los vecinos, ha decidido realizar el esfuerzo fiscal para alivianar el de sus vecinos”, explicó el Ejecutivo en su proyecto.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, la diputada Paula Villalba, destacó que “el proyecto pretende alivianar el alza de las tarifas de los servicios públicos, mediante una propuesta activa con resultados directos sobre el problema”.
Por su parte, el diputado del oficialismo Claudio Cingolani consideró que “llegamos a este cuadro de situación por el descalabro en el que nos sumieron, con retrasos tarifarios orquestados desde el poder. Ningún país crece genuinamente si no produce energía y de calidad”.
“Ellos no sólo destruyeron la matriz energética, sino que tampoco hicieron cloacas ni caminos para los argentinos, porque se lo robaron. Hubo un festival universal de subsidios para todos y todas beneficiando a los más ricos de Recoleta y Barrio Norte”, fustigó.
En respuesta, el diputado Mariano Recalde, de Unidad Ciudadana -que acompañó la votación- señaló que “no es cierto que los subsidios que se destinaban a la población fueran elevados. Y no lo dice un kirchnerista, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional al que ahora vuelven a someternos. Si quieren ayudar a la gente dejen las mentiras, dejen el marketing y frenen estos tarifazos brutales”, concluyó Recalde.

Los bloques de izquierda fustigaron con severidad al gobierno nacional y relacionaron el tema de las tarifas “con el ajuste y la vuelta al FMI”. Vilardo (AyL) dijo que “tocan el bolsillo a la población, no a los especuladores financieros que se llevan los dólares afuera” y pronosticó que “Estamos en los umbrales de un gran saqueo a través del acuerdo con el FMI y la política de endeudamiento”.

“En medio de una crisis social y económica nos vienen a proponer que la solución es bajar 20 pesos la factura de gas”, ironizó Gabriel Solano después de haber cuestionado las políticas oficiales y el anuncio sobre el Fondo Monetario Internacional.

Fuente LegislaturaFuente Télam
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