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TEMAS DE LA SEMANA

Organizaciones LGBT criticaron un protocolo de la ministra Bullrich

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un protocolo para el registro o detención de personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. La Federación que las agrupa dice que vulnera los derechos humanos.

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Este lunes, la colectividad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales se desayunó con que la ministra de Seguridad de la Nación les había dedicado un “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T”.

El protocolo, según el Boletín Oficial, será de aplicación obligatoria para todo el personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales. Y encendió las críticas de los directos afectados.

Uno de los puntos más controversiales establece que la ejecución de la nueva disposición –se ocupe de mujeres o de hombres- “deberá ser realizada por personal femenino, quien actuará de conformidad con el modelo de Uso Racional de la Fuerza, de manera tal que se asegure la efectividad de la acción”.

También subraya que “en todos los casos la prevención, el registro o la detención se realizarán resguardando la integridad física, respetando los derechos personalísimos, la identidad de género y la dignidad de la persona”. Y establece que “la persona detenida será alojada según el género autopercibido, en una celda separada si entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad u otros derechos o si, al momento de informar su género, no se identifica con ninguno del binomio masculino/femenino”.
Además, determina que “las personas destinatarias del presente protocolo que necesiten utilizar instalaciones diferenciadas por sexo en las dependencias (ej. sanitarios), serán consultadas sobre si desean hacer uso de las instalaciones femeninas o masculinas”.

Más de un centenar de organizaciones que integran la Federación Argentina LGBT en todo el país manifestaron su “profunda preocupación” por el Protocolo y se preguntan si “frente a un contexto de aumento de la violencia institucional y represión de la protesta social” su aparición “no tiene que ver con la proximidad de la XXVI Marcha del Orgullo en Buenos Aires -con la consigna “Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados”, y aquellas que se desarrollan en todo el país en el mes de noviembre.

La Federación afirma que “si las fuerzas de seguridad efectivamente respetaran y cumplieran las leyes vigentes y los derechos humanos -en general-, y la Ley de Identidad de Género -en particular-, no tendría razón de existir este Protocolo”.

Y señala que la falta de articulación y consulta con las organizaciones y referentes se expresa claramente en el texto del protocolo “que tiene graves problemas en conceptos de derechos humanos en general y, específicamente, en temas de diversidad sexual”. Por ejemplo:

Un ejemplo de esto se encuentra en el Anexo I, en el punto Generalidad (párrafo 4): “Queda totalmente prohibido todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión”. Cabe preguntarnos en este punto si ¿estarían habilitadxs para generar dolores y sufrimientos leves o moderados? Y si es así, ¿cuáles serían estos a diferencia de los otros?

Otro ejemplo que remarcamos como discriminatorio es que las intervenciones relacionadas con las personas LGBT las tenga que hacer solamente personal femenino. Esto expresa un profundo desconocimiento de la población LGBT y de la diversidad sexual en general.  Es innecesario que una mujer haga una requisa a un hombre trans, bisexual o gay. Si bien podríamos empezar a cuestionar la necesidad de distinciones de género en estas cosas, en el contexto actual que necesariamente una mujer sea la que tenga que intervenir ante la presencia de un hombre trans, bisexual o gay puede ser violatorio de la identidad de género de estas personas.

Por último, sería interesante también que el protocolo utilizara términos como respeto y dignidad y no otros que han sido históricamente utilizados para reprimir la diversidad como “pudor”. Es evidente que han querido hacer un protocolo sobre el respeto a la identidad de género que no solo tiene estos problemas sino que no incluye nada sobre el resto de la población LGB, constando denuncias de público conocimiento de la violación de los derechos de esta población por parte de las fuerzas de seguridad.

Luli Sánchez, abogada y activista lesbiana que integra el Colectivo Para la Diversidad (COPADI) se preguntaCuál es el impacto de un protocolo que identifica a la comunidad LGBTIQ nuevamente como un sujeto peligroso, criminal? Este tipo de herramientas sin dudas forman parte de la batalla cultural. En este caso, se trata de un dispositivo que apunta directamente a contrarrestar los efectos simbólicos, culturales, materiales, el imaginario social construido a partir de la sanción de las leyes de matrimonio igualitario, identidad de género, y la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación.

Este protocolo -continúa- “está dirigido a avalar la represión de la disidencia sexual, a asimilarla de manera normativa al delito, reinstala además con fuerza hacia el interior de la comunidad LGBT el “algo habrán hecho”.

No faltarán los referentes que aseveren que “si no cometés delitos, no hay nada que temer”. Pero ¿cuándo no estamos nosotres cometiendo un delito? Si alcanza con mirar la composición carcelaria y la estadística policial, junto con las noticias de los últimos meses, para que quede claro que para esta gestión el pueblo LGBTIQ somos el delito mismo.

Son criminales todas nuestras formas de supervivencia. Son criminales nuestras formas de esparcimiento y sociabilidad. Son criminales nuestros besos, y son criminales nuestras resistencias.”

 

Fuente Diario Z
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