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La AGIP quiere monitorear “intenciones” de fraude fiscal

Una licitación de la AGIP porteña busca usar big data y monitorear el Twitter de sus inscriptos para “identificar intención de fraude”. Dicen que aún no existen soportes que adivinen intenciones.

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La licitación convocada por la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteña para incorporar una solución de big data para “luchar contra la evasión”, según dijo un funcionario del organismo a Télam, fue críticada porque el pliego habla de “identificar intención de fraude” a través de monitoreo de redes sociales, lo que para un destacado especialista es “de ciencia ficción” y “tiene implicancias de privacidad”.
El big data “se usa a nivel mundial, incluso la AFIP tiene un observatorio de datos. Se trata de usar sistemas para simplificar la tarea que ya hacemos de detectar evasión y economía informal, y también, para proyectar recaudación”, respondió a Télam una fuente de Hacienda, consultada tras los cuestionamientos de especialistas hacia el pliego.
Uno de las críticas que surgieron cuando se conoció el texto licitatario de la AGIP se centró en el párrafo que habla de “predecir el comportamiento del contribuyente mediante el seguimiento de los feeds de Twitter para identificar las conversaciones que indican la intención de cometer fraude”.
Para Manuel Aristarán, programador especializado en visualización de información, mágister del Instituto Tecnológico de Massachuset (MIT), el párrafo es “muy llamativo” y además “muy probablemente, sea un problema aún sin solución la práctica de identificar la intención a partir de analizar mecánicamente las conversaciones de una red social. Es de ciencia ficción y tiene implicancias de privacidad”, analizó el profesional en diálogo con Télam.
Al respecto, el vocero oficial señaló que “la carga de datos y el cruce de los mismos se hace con información pública de cualquier tipo, entre otras, de redes sociales como Twitter o Facebbok, que son las que dan indicios para buscar la informalidad. Son análisis predictivos”.
Para Aristarán, “cualquier organización grande necesita de sistemas como el que intenta describir ese pliego, pero, en mi opinión, la inclusión de monitoreo de redes sociales y la vaguedad de los requerimientos, amerita un examen más detallado”.
La licitación por un monto de 17,5 millones de pesos se publicó el último 8 de septiembre en el Boletín Oficial de la Ciudad, y “ya se presentaron unas 20 empresas”, confirmó el funcionario.
Además, especificó que “quien gane la licitación, dejará el software, instalará el sistema y brindará capacitaciones, pero la inteligencia de la herramienta se la vamos a aplicar en el organismo, porque tenemos que proteger los datos personales y las garantías constitucionales de los contribuyente”.
El magister del MIT consideró que “lo notable de esa licitación no es la intención de AGIP de monitorear redes sociales (algo que ya hacen otras agencias del gobierno), sino el requerimiento de identificar intención de fraude. Como profesional de datos e informática, me interesaría saber qué métodos van a utilizar para satisfacer ese pedido”.
Según el vocero gubernamental, “se usaran datos estructurados, por ejemplo, la base imponible, la cantidad de contribuyentes inscriptos, y datos no estructurados, donde entran entre otros el usos de redes sociales, que no es lo único, ya que se analiza el conjunto para encontrar los indicios”.
“A esos datos centralizados, le damos inteligencia, le aplicamos tecnología y eso nos da información”, añadió.
Contó asimismo que “ya hacemos cruce de declaraciones juradas con otros organismos, lo que ahora agregaremos es inteligencia para saber si hay evasión o informalidad”.
El vocero insistió en que el seguimiento de feeds de Twitter “es algo que hacen las empresas privadas, pero no es el espíritu ni el criterio de esta licitación el espiar a las personas”.
Destacó que este tipo de herramientas “la usan agencias estatales de Estados Unidos, Gran Bretaña -que logró duplicar sus ingresos en dos años- y España, porque simplifica el trabajo y facilita la aplicación de políticas públicas tributarias”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que los contribuyentes tengan acceso a la plataforma que recogerá sus datos, la fuente oficial confirmó que “eso no está pensado, salvo que haya un pedido específico de un interesado”.

Fuente Télam
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