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TEMAS DE LA SEMANA

Informe Z, cárceles porteñas: Ciudad libre de prisiones

Sólo quedaría en la Ciudad el minúsculo Centro de Contraventores, que funciona en el club Atlanta.

Por Alejandro Guerrero
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El cabo Rubén Heraldo Juárez, de la Policía Federal, custodiaba el restaurante Dolli, en Palermo, el 18 de julio de 1988. Esa guardia era parte de los adicionales que los policías suelen hacer para reforzar el sueldo. Empezaba la madrugada cuando tres ladrones intentaron asaltar el local y lo asesinaron a tiros.
Parecía uno más de esos hechos que abundan, pero el escándalo explotó cuando los jóvenes asaltantes fueron identificados: Maximiliano Noguera, de 23 años, Reinaldo Maini, de 19, y Alejandro Núñez, de 25. ¿Por qué el escándalo?
Porque Maini y Núñez, en el momento del robo, estaban presos
en la Cárcel de Encausados de la Capital Federal, la Unidad 1 o, como se la conocía más habitualmente por la avenida donde se hallaba situada, “Caseros”, en el barrio de Parque Patricios. Ni Maini ni Núñez tenían permisos de salida. Sin embargo, sí tenían permiso para ir a robar. Es decir, formaban parte de un entramado de corrupción que involucraba a personal
del Servicio Penitenciario Federal. En cuanto a Noguera, un mes antes se había escapado del penal de Villa Devoto con Julio Pacheco, uno de los integrantes de la banda de Luis “Gordo” Valor.
Dos años después, el juez Alberto Baños, por el testimonio de otro preso, conoció en detalle cómo algunos guardias hacían salir a presos para robar. El juez allanó el penal y descubrió que dentro de él funcionaba un desarmadero de autos robados. En los tres años sucesivos, unos 400 miembros del Servicio
Penitenciario fueron expulsados de la fuerza. Tanto Baños como la jueza Wilma López, a cargo de otra investigación sobre el SPF, recibieron desde entonces casi constantemente
amenazas de muerte. El problema quedó formulado ¿qué hacer con las prisiones? La cárcel de Caseros fue planificada
durante la presidencia de Arturo Frondizi como parte de un gran complejo judicial que no se construyó. El modelo de penal, similar a la célebre prisión de Alcatraz, fue abandonado años más tarde a raíz de que un informe del Servicio Penitenciario lo calificó de inhumano e inviable. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía las obras fueron retomadas y la prisión se inauguró en abril de 1979, durante la dictadura de Jorge Rafael
Videla. En ese momento era el penal más grande de América del Sur con 85.000 metros cubiertos, 23 plantas, 2.096 celdas individuales, 14 ascensores y 16 patios de recreo.
Ocupaba la manzana entre las calles Pichincha, 15 de Noviembre, Pasco y Rondeau, y lindaba con la Unidad 16, conocida como “Caseros Vieja”, cuyo edificio data de 1870.
La cárcel fue evacuada en 2001 pero hubo que esperar hasta noviembre de 2007 para que los vecinos vieran desaparecer a sus dos enormes moles, a pico y pala.

“Sólo un anuncio”
A partir de entonces, el único establecimiento penitenciario que quedó en la Ciudad fue “Devoto”. El viejo penal inaugurado en 1927 fue construido en terrenos donados por Antonio Devoto en la superficie que limitan las calles Nogoyá, Bermúdez, Desaguadero y Pablo Moyano. Hasta 1957 funcionó como cárcel de contraventores y después quedó bajo control del Servicio Penitenciario. Devoto aloja a 1.694 presos pero llegó a tener 2.400 en su pico de hacinamiento. Y trabajan allí 862 agentes.
El 14 de marzo de 1978, a una semana de cumplirse dos años desde la instauración de la dictadura militar, en Devoto se produjo el motín más sangriento de la historia carcelaria argentina: el llamado “motín de los colchones”. Murieron
60 internos y otros 85 resultaron heridos. Todo empezó cuando un grupo de presos del pabellón 7, que alojaba a 161 personas, trató de resistirse a una de las violentísimas requisas de las que eran víctimas.
Los guardias reprimieron con gases lacrimógenos. Con la intención de contrarrestar el efecto de los gases, los detenidos quemaron colchones y ropa de cama. Entonces se produjo la masacre. La mayoría de las victimas murió por asfixia o quemaduras. Los represores dijeron que no pudieron rescatarlos porque los reclusos habían trabado las rejas con camas y colchones, pero numerosos testimonios indicaron que los guardias trabaron las rejas para que los presos no pudieran
librarse de una muerte atroz.
Desde hace muchos años, los vecinos exigen que muden “Devoto”. Explican que son víctimas de secuestros virtuales realizados telefónicamente desde la penitenciaria, que los molestan los gritos y la música a todo volumen que sale del penal, la ropa que cuelga de las ventanas. Y también las familias de los presos que “merodean por el barrio” y dejan
pañales, envases y todo tipo de basura en las calles aledañas. Estas condiciones, además, influyeron para una caída importante del valor de las propiedades de la zona.
En mayo pasado, por ejemplo, la cárcel de Devoto fue allanada y se capturó a una banda de internos dedicada a secuestros extorsivos.
Varias preguntas quedaron sin respuesta: ¿cómo tenían esos presos los teléfonos celulares que les fueron incautados, si está prohibido tenerlos ahí adentro?

Adiós, adiós
La polémica se renovó cuando la Presidenta de la Nación anunció el traslado del penal a la ciudad bonaerense de Mercedes, cuya licitación ya está en marcha. Muchos se preguntaron cómo van a seguir las actividades educativas y culturales de los presos. Por ejemplo el Centro Universitario de Devoto, el CUD, que funciona desde 1985 e imparte las carreras de Abogacía, Psicología, Ciencias Económicas, Sociología,
Letras y el CBC. Es improbable que los profesores y talleristas puedan viajar a Mercedes. Tampoco las familias podrán visitarlos con la misma asiduidad. Y es conocido el temor
de los presos a quedar en la sola compañía del SPF.
El vecindario tiene sus anhelos, desde hace años reclama que el predio se transforme en una gran plaza. “Se necesitan espacios verdes y vamos a luchar por eso. Acá sólo hay dos plazas y en toda la Comuna 11, sólo cinco. Queremos que se respete la voluntad de la gente: que los parques y que se mantenga parte del edificio como patrimonio histórico, y que se pueda hacer una dependencia educativa.
No nos interesan los emprendimientos privados, sino que Devoto siga siendo un barrio”, dijo a Diario Z uno de los vecinos que se reúne en el club Laureles Argentinos. Hace mucho que imaginan un centro cultural y una escuela donde ahora está ese penal.
A otros, en cambio, se les hace agua la boca. Según algunas
inmobiliarias, esos terrenos, sin la cárcel, cuestan no menos de mil dólares el metro cuadrado. El predio de propiedad federal tiene una superficie de 46.380 metros cuadrados. Es decir, unos 40 millones de dólares sólo para empezar, sin contar los shoppings y otras edificaciones.
El Gobierno de la Ciudad dijo a través del Ministerio de Desarrollo Urbano que el anuncio presidencial era sólo “un anuncio”, y que no tomarán posición oficial mientras no se encuentre en ejecución una medida legal.

 

 

DZ/LR

Fuente Redacción Z
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