Tiempo en Capital Federal

28° Max 19° Min
Cubierto con lluvias
Cubierto con lluvias

Humedad: 84%
Viento: Oeste 25km/h
  • Miércoles 14 de Noviembre
    Despejado16°   25°
  • Jueves 15 de Noviembre
    Despejado18°   28°
  • Viernes 16 de Noviembre
    Cubierto14°   20°
Estado del Tránsito y Transporte
Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
Tránsito
Trenes
Vuelos
Cargando ...

TEMAS DE LA SEMANA

“Hay una reacción conservadora del gobierno ante el avance de nuestras demandas”

Victoria Freire, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, analiza la política del gobierno porteño respecto de los derechos de las mujeres.

Email This Page
Victoria Freire

Por Ornella Sersale

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia psicológica y, 3 de cada 10, de violencia física o sexual. Los datos se desprenden de una investigación llevada a cabo en 2016 por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en conjunto con el Gobierno porteño.

Para atender esta problemática, el Estado impulsa diferentes programas de asistencia y promoción de políticas de igualdad. Pero la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia dio un paso atrás en materia de derechos: restableció un protocolo restrictivo para abortos no punibles, que impone un límite de 12 semanas de gestación en casos de violación.

Victoria Freire, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, analiza la implementación de los servicios orientados a mujeres víctimas de violencia de género, explica cuáles son la deficiencias que actualmente presenta el sistema y asegura que el Gobierno busca ponerle un freno al avance de las mujeres.

-La Dirección General de la Mujer (DGM) es el principal organismo de la Ciudad en promover los derechos de las mujeres. ¿De qué manera lo hace?

-La DGM está conformada por dos Gerencias Operativas. Por un lado, la de Atención Integral a Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual, que actúa a través de los Centros Integrales de la Mujer, los dispositivos de alojamiento y una línea de atención telefónica; y, por otro, la Gerencia de Fortalecimiento de las Políticas de Igualdad de Oportunidades, que se centra en la promoción y fortalecimiento de derechos. Hoy en día, la mayor parte de los recursos está destinada al acompañamiento de las mujeres.

-En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2019, el gobierno porteño disminuyó las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de prevención. ¿Cómo se traduce esto?

-Hace tiempo existe un déficit en materia preventiva. Por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral no se implementa en todas las escuelas, ni tampoco existen campañas de sensibilización contra la violencia o el acoso callejero. Es necesario que el Gobierno intervenga en la prevención, porque muchas mujeres no saben a dónde ir cuando se encuentran ante situaciones de riesgo.

 

-Recién mencionaste la existencia de los Centros Integrales de la Mujer (CIM), ¿podés explicar cómo funcionan?

 

-Los CIM son dispositivos de atención territorial que están localizados en distintos barrios. Brindan contención, acompañamiento y asesoría psicológica y jurídica a las mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia de género. Para atender esta problemática, se necesitan profesionales de diversas áreas: psicólogas, trabajadoras sociales, sociólogas… Hoy en día, las trabajadoras de los CIM denuncian la falta de equipos interdisciplinarios. A veces ocurre, por ejemplo, que una psicóloga tiene que estar circulando entre varios lugares. La mayoría no cuenta con el personal suficiente para satisfacer la demanda de atención.

 

-Entiendo que, desde el 2015, existe una ley que obliga al Gobierno a crear un CIM por Comuna. ¿Hubo avances?

-Cuando se votó la Ley Nº 5466, sólo había siete CIM en las 15 comunas. Hoy son 14 en total, pero todos los que inauguró el Gobierno después de la sanción, tienen la característica de estar a cargo de Organizaciones de la Sociedad Civil. Es decir, el gobierno no se hace responsable de los dispositivos, sino que terceriza la política pública a través de convenios con organizaciones no gubernamentales. Entre otras cosas, esto conlleva a que haya trabajadoras no formalizadas, y a que los recursos humanos y de infraestructura no dependan directamente del Estado.

-Durante el 2017, aumentaron un 30 por ciento los asesinatos de mujeres con respecto al año anterior. ¿Cuál sería una política eficaz contra la violencia de género?

 

-En principio, es necesaria la territorialización de los dispositivos de atención y acompañamiento. Por ejemplo, en el sur de la ciudad, que posee las peores condiciones habitacionales, económicas y sociales, es muy clara la diferencia que hay en cuanto al acceso de los recursos y a la cantidad de CIM disponibles. Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires debe existir un sistema integral que pueda dar respuesta a las mujeres víctimas de violencia de género, respecto de necesidades como el acceso al trabajo, a la vivienda e, incluso, al sistema educativo. Todas ellas deberían tener prioridad al acceso a estos derechos. Hoy no existe un sistema único de cuidados, y eso es un elemento que refuerza las desigualdades.

-El Tribunal Superior de Justicia restableció el protocolo para la realización de abortos no punibles en hospitales públicos creado en 2012. ¿Es un retroceso en materia de derechos para las mujeres?

-Claramente, que intenten avanzar sobre este protocolo, habla de una reacción conservadora que se expresa en sectores del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires ante el avance de nuestras demandas. Lo que propone es un acceso aún más restrictivo a las interrupciones legales del embarazo: supone un límite de 12 semanas de gestación para los casos de violación, pone a un equipo interdisciplinario para evaluar la situación de la mujer, somete a una autorización de tutores o responsables en el caso de las menores de 18 años, no reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidades para acceder a las interrupciones legales del embarazo… Va en contra de lo que indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Organización Mundial de la Salud, que en nuestro país lo reconoce el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia y el artículo 86 del Código Penal. Igualmente, todavía hay una instancia de apelación, y las organizaciones civiles como la propia Campaña del Derecho al Aborto y organismos de derechos humanos están pensando la forma de intervenir para hacerlo.

Fuente Diario Z
Email This Page
0 Comentarios
Sé el primero en dejar un comentario!

Deja tu comentario