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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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La Policía desalojó a la histórica asamblea de Villa Urquiza

Fue en la mañana de hoy, cuando se realizaba una asamblea en el barrio  de Villa Urquiza, la Policía Federal irrumpió en Triunvirato N° 4766 donde funciona el centro comunitario. Los vecinos dicen que es para la especulación inmobiliaria.

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desalojo asamblea Villa Urquiza Desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza Foto: Fede Luaces.

Este mediodía, numerosos efectivos de la Policía de la Ciudad, sin identificar y armados, desalojaron  la Asamblea de Villa Urquiza, un hito vecinal, educativo y cultural. Los libros de la biblioteca de la Asamblea, tirados en el piso, han servido hasta ahora a quienes cursan el bachillerato popular Berta Cáceres, que allí funcionaba.

En junio de 2002, los vecinos del barrio recuperaron un inmueble del Estado Nacional completamente abandonado, que antiguamente era una pizzería, ubicado en la Av. Triunvirato 4766, entre la Av. Roosvelt y la vía de la estación General Urquiza de la Línea Gral. Mitre, y lo convirtieron en un centro comunitario.

Este centro comunitario sin fines de lucro es gestionado por la Asamblea de Vecinos de Villa Urquiza. Actualmente brinda talleres artísticos gratuitos, se realizan diversas actividades culturales y educativas. Así, por ejemplo, allí funciona el Bachillerato Popular “Berta Caceres”, reconocido por la ciudad.

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) inició juicio de desalojo fundándose en la Ley N° 17.091 sancionada en el año 1966.

Esta ley estaba tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas. La Ley N° 17.091 autoriza, en estos casos, que la Justicia ordene el desalojo sin otorgar el derecho de defensa en forma previa al desalojo.

El debido proceso y el derecho de defensa en juicio es un derecho constitucional fundamental. La Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realiza actividades lucrativas. Por lo tanto, no correspondía la aplicación de esta Ley. Y en un entendimiento contrario, la orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes. En la sentencia dictada por el Juez  Ernesto Marinelli, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, que ordena el desalojo se expresa que la decisión judicial fue adoptada “sin más trámite” e “inaudita parte”.

“La AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) proyecta entregar el terreno donde funciona la Asamblea, como así también otros lindantes, para negocios inmobiliarios de los amigos del gobierno nacional y de la Ciudad”, dice apretando los dientes uno de los vecinos.

Fuente Diario Z
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