Subsidios y nocturnidades, por Eduardo Blaustein

Apenas dos compañías -Repsol de manera abrumadora, seguida por Shell- controlan el 85% del mercado de provisión de com­bustibles. Si se suma Esso, la proporción sube al 91%. Es el escenario perfecto para que las empresas se pongan de acuerdo a la hora de imponer precios. No sería novedad: sucedió y seguramente sucede con el acero, con el ce­mento, con el precio del papel para diarios. Pasa con la inflación de todos los días, cuan­do uno va a un supermercado de alguna gran cadena -con la simbólica compañía de Hugo Moyano- y sólo encuentra dos o tres marcas por producto cuyos precios suben cada diez o doce días, vaya a saber por qué.

Pues bien, el Gobierno, con sus denuncias referidas a los abusos de las cinco petroleras, parece encarar una cierta ofensiva contra los peligros de la cartelización. Es positivo que se tiren estas discusiones sobre la mesa en lugar de ocultar y naturalizar el rol de las corpora­ciones. El anuncio tiende a la protección de los usuarios y la defensa de los propios recur­sos del Estado, que subsidia a las empresas de transporte que compran el combustible, se­gún el Gobierno, con precios artificialmente inflados. También los productores agrarios han recibido una mano -visible- del Estado. Hay quienes vinculan la denuncia encabezada por Amado Boudou y Julio de Vido con otro anticipo o eventual excusa de cara a un reti­ro general de subsidios al transporte, con el consiguiente costo popu­lar. Puede ser, pero como alguno de los vaticinios viene de anti­guos funcionarios que poco hi­cieron por expandir la producción de combustibles y sí por defender a las petroleras, hay que tomar sus in­terpretaciones con pinzas.

La parte opaca: no está claro que desde la aplicación del régimen de subsidios -una política correc­ta en términos de distribución de la riqueza, más allá de los sectores que nunca necesita­ron pagar menos por los servicios- el Gobier­no haya controlado que las empresas no abu­saran del sostenimiento estatal. Tampoco está claro si lo que se hará a partir de ahora debe­rá denominarse "sintonía fina" o gruesa, pero la orientación es bienvenida. No es en absolu­to la primera vez en la que un gobierno kirch­nerista, cuando se ve ante cuadros más o me­nos complicados (hoy, ante la crisis global, la necesidad de cuidar el gasto estatal y atacar la inflación) sale repentinamente por centroiz­quierda, allí donde primaban acuerdos con las empresas más bien silenciosos. Como sea, en un país donde aún cuesta muchísimo acabar con los núcleos de la pobreza estructural o ba­jar los índices de empleo informal, que cinco petroleras puedan, mediante una avivada, ga­nar $3.500 millones en un año -según los cál­culos oficiales- es un escándalo.

Petróleo, subte, usuarios

La discusión anterior se conecta con la del traspaso de los subtes. En ambos casos está en juego el rol regulador del Estado y el de­bate sobre cuál debe ser la rentabilidad em­presarial. La constitución transversal de una multisectorial dedicada a darle pelea al au­mento feroz decidido por Mauricio Macri pa­rece bastante más promisoria que la primera respuesta dada por la Justicia, que convalidó el aumento. Teniendo además en cuenta que a la multisectorial presuntamente se iban a sumar sectores del kirchnerismo (Movi­miento Evita, la Ju­ventud Sin­dical, La Cámpora), esa movida parece conectar con algunos aprendizajes de construcción social del pasado. Bien al contrario, la respuesta del juez se parece más al piloto automático de instituciones pesadas, conservadoras, bien entramadas con los poderes permanentes.

¿Se sostendrá en el tiempo la multisecto­rial? ¿Se plegarán otros sectores que la nutran y la amplíen? ¿Qué lecturas está haciendo el gobierno nacional sobre la protesta en Capital y los riesgos que corre en caso de que se ven­gan aumentos en los servicios y el transporte? Parecería que el oficialismo quiere ir despaci­to y por las piedras; se sabe además que el kir­chnerismo detesta que lo corran por izquier­da o agitando la palabra "ajuste". El escenario que se plantea repite enésimos episodios an­teriores, como los ya remotos nacimientos de asociaciones de usuarios y consumidores en los albores del menemismo, cuando vecinos de clase media y alta se movilizaban contra los peajes en San Isidro, algunos pueblos del in­terior protestaban contra el cierre de ramales y todos contra los tarifazos de las telefónicas. ¿Adónde va a parar esa experiencia política en la sociedad? ¿Se decanta y reaparece cuan­do se sensibilizan los bolsillos? El Gobierno por ahora debe estar más atento a esos ciclos de malestar social (la agenda a reexaminar inclu­ye emblemáticamente a Famatina) que a una oposición fantasma que sigue padeciendo su nula capacidad para sumar algo a la discusión colectiva. Más que seguramente ese silencio estruendoso tiene relación con lo que ha sos­tenido algún encuestador: la Presidenta hoy recibiría aún más vo­tos que en octu­bre pa­sado, birlados de los espacios opositores.

El mal absoluto

Las denuncias efectuadas por Lorena Mar­tins, hija del ex agente de la SIDE (1974-1987) Raúl Luis Martins Coggiola, se mueven entre lo desgarrador y lo horroroso. Si el nazismo y nuestra última dictadura suelen describirse como situaciones históricas en las que impera­ba el mal absoluto, las redes de trata, en este caso digitadas por un ex agente de la dictadu­ra, y en las que median operaciones de secues­tro, de quiebre, de pérdida de identidad, de virtual desaparición de pibas jóvenes, se ase­mejan dolorosamente a ese tipo de infiernos.

Aquí no debería discutirse interesadamen­te sobre el reparto de las responsabilidades institucionales. La denuncia salpica a Macri pero también al gobierno nacional por la pre­sunta complicidad -poco sorprendente- de la Policía Federal. Lo que es cierto es que se regis­tran respuestas muy distintas. En primer lugar porque desde la asunción de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad ya se echó de la fuer­za, hace cerca de un año, a comisarios presun­tamente vinculados con la protección mafiosa de la prostitución. Segundo, porque ante este caso en particular inmediatamente Garré puso a la Gendarmería a custodiar a Lorena Martins y separó a policías sospechados. Lejos de hacer silencio o piruetas tardías -usual en el macris­mo-, Garré aceptó lo que falta para democra­tizar y transparentar a las llamadas fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia.

Por el lado del macrismo, el hecho de que algún puntero eventualmente haya pedido y recibido $10 mil para la campaña electoral está lejos de probar algún involucramiento directo de Macri. No pasa lo mismo respec­to del sistema de controles, que vuelve a ser sospechado por su opacidad cada vez que se vincula con fuentes de dineros cuantio­sos (de la industria de la construcción a la prostitución). La que definitivamente es fea y desagradable a la vista y la sensibi­lidad es la fotografía en la que Macri y su esposa aparecen posando en un boliche junto a uno de esos señores a los que la expresión eufemística llama "personajes de la noche", Gabriel Conde. La foto se­guramente no habla ni de responsabili­dad directa ni de culpabilidad, no. Alo sumo es lejanamente indicial. Oqui­zá hable de la pobreza de alma de un jefe de Gobierno cuya máxima expre­sión de espiritualidad es cantar lo peor de Queen.

DZ/km